• El gobernador fue testigo del convenio de colaboración entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Poder Judicial del Estado
• Mencionó que es fundamental mantener esta cooperación y tener conocimiento del marco jurídico para defender y proteger la realización de elecciones transparentes
• Esta ley busca evitar que ocupen cargos los que están prófugos de la justicia, por sentencia y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa
COSTA SUR| El gobernador Rutilio Escandón Cadenas atestiguó la firma del convenio de colaboración y apoyo para garantizar el cumplimiento de la Ley 3 de 3 contra la Violencia de Género, entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Poder Judicial del Estado (PJE), donde dejó ver la importancia que tiene que todas las instituciones contribuyan a que el pueblo nombre a sus autoridades de manera democrática.
Refirió que, ante la cercanía del próximo proceso electoral, es fundamental mantener esta cooperación, así como tener conocimiento del marco jurídico y sacar adelante la tarea de construir aún más al Estado mexicano a través de sus instituciones, defendiendo y protegiendo la realización de elecciones transparentes.
“Hoy vivimos una nueva época, una historia diferente en la que las mujeres ya han sido incluidas de manera amplia, igual que los hombres; hay una verdadera igualdad de género en todos los cargos políticos, en los tres poderes que rigen el Estado mexicano y a nuestra entidad. Por eso, hay que estar muy pendientes de que no se cometan los atropellos que en el pasado sucedían y lastimaban las conciencias colectivas”, expresó.
El jefe del Ejecutivo estatal reconoció la participación civilizada del pueblo chiapaneco, el cual, dijo, está más despierto y es pieza clave en estas acciones; asimismo, pidió a las instituciones electorales, de impartición de justicia y de investigación, evitar que quienes hayan cometido algún delito hagan uso de las instituciones electorales para tener la posibilidad de estar al frente del gobierno mexicano y del gobierno de Chiapas.
Por su parte, la consejera presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, señaló que se establecen acciones entre las instituciones jurisdiccionales para sumar esfuerzos y dar cumplimiento a la Ley Tres de Tres, para que ninguna persona violenta tenga la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular.
“Gracias a esta reforma Constitucional, se destacan dos ideas: sororidad y el trabajo conjunto de las instituciones, esto con el fin de garantizar el intercambio de información oportuna para la materialización del mandato legal de la Carta Magna para evitar que ocupen cargos los que están prófugos de la justicia, por sentencia y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa”, afirmó.
En tanto, el presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez, refrendó la coordinación con el IEPC en cuanto a los lineamientos aprobados para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, considerados en la Ley 3 de 3 que señala que las mujeres pueden ejercer sus derechos políticos y electorales en contexto libre de violencia.
De esta forma, se comprometió a proporcionar la información que sea solicitada por el IEPC, respecto a las personas que pretendan obtener su registro a una candidatura en términos de lo que hoy dispone la Ley Electoral, y de las que se encuentran en los supuestos referidos en la Ley Electoral, en los casos de delitos de violencia familiar, sexuales y personas deudoras alimentarias.
Asistieron: la presidenta del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez; el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Gilberto de Guzmán Bátiz García; la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, Claudia Rodríguez Sánchez.